Petro, quien tanto criticó las cortinas de humo durante el gobierno de Uribe, ha terminado recurriendo a las mismas estrategias. Su tan anunciado “cambio” fracasó desde el día en que subió al poder y pidió la espada de Bolívar, desde el momento en que su ungida, María José Pizarro, le impuso la banda presidencial. Petro conoce bien cómo funciona el poder y cómo manejarse políticamente.
El fallecido exmagistrado Carlos Gaviria lo advirtió con claridad: Petro es una persona de dudosa integridad, capaz de alterar actas de reuniones políticas del Polo Democrático, de aliarse con figuras como el “redimido” Armando Benedetti y Roy Barreras, y de hacer lo que sea necesario para mantener vivo un proyecto político que hoy parece enterrado, pero que él se empeña en revivir de cara al próximo año electoral.
Recientemente, el Congreso le negó a Petro la solicitud de convocar al pueblo a una consulta para validar las doce preguntas formuladas junto a su ministro del Interior y amigo cercano, Benedetti. En respuesta, Petro afirmó que el Congreso no emitió concepto, como exige la ley, y que el proceso estuvo lleno de vicios de trámite. Sin embargo, esa no es una decisión que le corresponda al presidente de la República, sino a la Corte Constitucional, órgano que debe ejercer control jurídico. Irónicamente, esa misma Corte parece llenarse cada día más de aliados petristas, como ocurrió en su momento con Uribe, quien llegó a influir tanto que incluso llevó al “doctor Salsa” a presidir el organismo.
Para muchos de sus seguidores, Petro es una figura casi mesiánica. Él actúa como si pudiera tomar decisiones que aún no han sido deliberadas por los órganos correspondientes. Se comporta como el dueño del poder absoluto, olvidando una lección básica de cuarto de primaria: la existencia de tres ramas del poder público, cada una con funciones claramente delimitadas.
En medio de nuevos escándalos, reaparecen nombres que han acompañado a Petro durante toda su carrera política: el exministro Ricardo Bonilla y el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Bonilla por presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de una investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las pruebas apuntan a que Bonilla habría influido en la adjudicación de contratos a congresistas de los partidos Conservador, Liberal y de curules de paz, buscando asegurar sus votos para proyectos del Gobierno, incluyendo el cupo de crédito internacional.
En imágenes reveladas recientemente, se ve a Bonilla, al exministro Velasco y a varios congresistas desfilando por las oficinas del Ministerio de Hacienda, en busca de aquello que el entonces senador Petro tanto criticaba: el clientelismo. Hoy, Petro parece haber olvidado su cartilla del cambio, inclinándose por un estilo autoritario que recuerda más a un régimen que a una democracia.
Por su parte, Ricardo Roa está cada día más acorralado. Se le cuestiona por la compra de un apartamento que podría implicar un conflicto de intereses, y por presuntamente haber espiado a al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol.
Ante estos escándalos, Petro encontró el motivo perfecto para desviar la atención y, al mismo tiempo, lanzar una campaña agresiva con recursos del Estado. En un último intento por no ceder el poder —ya sea con uno de sus candidatos o incluso en cuerpo propio— se apoya en figuras como su senadora Isabel Zuleta, conocida como “la del brócoli”, quien se queja de que su salario no le alcanza. Petro promete lanzar por decreto la consulta popular, en lo que muchos ya han llamado un golpe de estado y que para los petristas es un decretazo necesario porque el congreso no le aprueba y no lo deja gobernar. Olvidando la separación de poderes que enseñan en primaria.
Con el decreto que ha planteado, Petro arremete contra la institucionalidad, toma el camino del dictador que tanto dice rechazar y se lanza a las calles, donde se siente más cómodo. Así pretende resolver sus debilidades en el gobierno: reemplazando el debate institucional por la movilización popular. Un decreto con aroma a autoritarismo que pretende hacer olvidar a Bonilla y a Roa, y que deja al descubierto las verdaderas intenciones de un Petro caído, rodeado por la misma política agria que tanto criticó en su paso por el Senado.
