La protesta llevada a cabo por los empresarios del trasporte de carga, en la que se bloquearon importantes vías a lo largo y ancho del país, y que le han costado a la economía miles de millones de pesos, no es algo exclusivo que vive Colombia, sino que se enmarca en un proceso mundial de desmonte de subsidios a combustibles fósiles.
En la década de 1970, la mayoría de los países productores de petróleo, implementaron subsidios a estos combustibles, como forma de irrigar en la sociedad los beneficios del poseer en su subsuelo el recurso natural que representó la principal fuente de energía para mover el mundo en el siglo pasado.
Para ese momento, las necesidades energéticas internas podían ser cubierta con la producción local de estos países. Sin embargo, los precios artificiales del recurso, excesivamente bajos con respecto a los precios internacionales, generaron un estímulo al consumo el cual no dejó de crecer hasta que se perdió la autosuficiencia y tocó empezar a importar a precios de mercado, muchas veces por carecer de capacidades para refinar, lo que implicaba comprar en el mercado internacional gasolina, diésel y otros derivados.
En la primera década del siglo XXI, los precios internacionales se dispararon por lo que se hizo insostenible la política de subsidios. A medida que iba ido aumentando el costo de este tipo de energía, mantener precios bajos con subvenciones requirió destinar una porción cada vez mayor de los presupuestos públicos y en consecuencia los gobiernos tuvieron cada vez menos espacio fiscal para invertir en salud, educación, infraestructura y otros bienes públicos.
De acuerdo con una investigación del Fondo Monetario Internacional, titulada Reforma de los subsidios energéticos, Lecciones e implicaciones en el que se analizaron los casos de 22 países que subsidian los combustibles fósiles, se concluyó: “Los subsidios a las energías fósiles tienen consecuencias económicas de amplio alcance. Los gastos en subsidios agravan los desequilibrios fiscales y desplazan el gasto público prioritario y la inversión privada, incluso en el sector energético. La energía a precios inferiores a los reales distorsiona la asignación de recursos al alentar el consumo excesivo de energía, promover artificialmente las industrias intensivas en capital (lo que desalienta la creación de empleo), y reduce los incentivos para la inversión en energías limpias.”
El problema está claramente diagnosticado, y en los eventos mundiales, como el Foro Económico Mundial, las Conferencia de las Partes (COP), incluso las reuniones del G20 se ha acordado la meta de desmontar estas subvenciones, tanto por criterios ambientales, como por necesidades fiscales para que los países en vías de desarrollo tengan mayor capacidad de inversión.
Sin embargo, los gobiernos han tenido problemas para implementar las medidas que resultan impopulares debido a los costos políticos y sociales que representan. Solo entre 2021 y 2022, hubo protestas en unos 90 países asociadas a los precios de los combustibles.
En Colombia, gobierno tras gobierno pensando en sus intereses políticos han preferido evadir el tema, creando una bomba de tiempo para las finanzas públicas, hasta que el presente gobierno de manera responsable ha tomado la decisión de desmontar los anacrónicos subsidios y es por ello que hoy el todo país está hablando del tema.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se creó para estabilizar los precios para los consumidores finales, matizando la diferencia entre los precios internacionales y los precios nacionales, pagando a los productores e importadores la diferencia, asume los saldos con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN.
De acuerdo con comunicado de Ecopetrol, el déficit acumulado durante los años 2022 y 2023 fue de 57,2 billones de pesos, que deberán ser pagados con recursos del PGN, es decir con los impuestos de todos. Y aquí surge el debate si se justifica que esa porción de recursos se esté destinando a subsidiar a unos empresarios del trasporte cuando podrían reorientarse a otros sectores para disminuir las grandes brechas sociales, o a inversión en temas de salud, educación y vivienda.
Surge entonces una razón adicional a la ambiental y fiscal: la de equidad social. En uno de los países más desiguales del mundo, con una deuda histórica con sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo, es un imperativo de justicia social, desmontar privilegios para construir equidad. Por lo que hay argumentos de sobra para concluir que la decisión de ir desmontando los subsidios a los combustibles fósiles, aunque impopular es responsable y necesaria con la justicia social y ambiental.
“Cuando soplan vientos de cambio algunos levantan muros, pero otros construyen molinos de viento” dice un antiguo proverbio chino. Y en Colombia mientras el presidente Gustavo Petro erige molinos para llevar al país a las nuevas formas del desarrollo que plantean este siglo, hay sectores anquilosados del antiguo modelo de privilegios y contaminantes que se han dedicado a poner muros. Pero como la historia muchas veces se entiende en retrospectiva, el tiempo dará la razón al gobierno que tomó al toro por los cuernos.
