José David Name

Transformar la industria minera

Se ha vuelto paisaje en el país, escuchar cada tanto acerca de accidentes en minas ubicadas principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Por las terribles consecuencias que está generando en un importante número de trabajadores fallecidos, lesionados y con enfermedades, la accidentalidad minera es un tema que requiere urgente atención por parte del Estado. Aunque existe un Código Minero, la regulación actual no ha sido suficiente para brindarle entornos seguros a quienes trabajan en el sector. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, coinciden en que las tres principales causas de accidentes son: Falla geomecánica, Explosión y Atmósfera contaminada, siendo la explotación de carbón bajo tierra, la causa de mayor accidentalidad. Con una cifra anual que ronda en más de 100 accidentes mortales al año, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería, se hace impostergable implementar acciones para la protección de la vida de los mineros. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, en el 2022 el sector cerró con un total de 21.935 accidentes, lo cual equivale a un promedio de 60 eventos por día y una tasa de 12,54 accidentes por cada 100 trabajadores, superando cinco veces la tasa nacional, que se ubicó en 4,65. Estos accidentes ocurren tanto en explotaciones ilícitas y en minería legal; sin embargo, existe un subregistro de los accidentes en explotaciones ilícitas precisamente, por la ilegalidad de esta actividad. Estudios geológicos identifican que las zonas mineras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca tienen presencia de gas asociado al carbón, debido a la frecuencia de las explosiones, circunstancias que coinciden con las zonas de mayor accidentalidad en el país. Las explosiones son las responsables de la mayoría de los eventos fatales, circunstancia que exige una comprensión profunda. Es por ello, que la identificación de las razones detrás de los recientes accidentes es vital para explorar alternativas que reduzcan la accidentalidad minera, especialmente en relación con el gas asociado a los mantos de carbón. Sí o sí hay que buscar una solución para reducir la accidentalidad minera. Nuestra propuesta, en este sentido, es enfocarnos en soluciones que aprovechen los recursos mineros sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, extraer el gas asociado a los mantos de carbón puede ser la clave para: reducir la accidentalidad minera, aprovechar el gas mediante tecnologías que beneficien a la comunidad y a las empresas mineras, y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una necesidad es el trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera, que redundará incluso en la posibilidad incrementar el potencial gasífero en el país. Hace unos días, en debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, pedimos y propusimos a la Agencia Nacional de Minería y a los ministerios de Minas, Protección Social y del Trabajo, concretar soluciones innovadoras que transformen la industria minera en una actividad segura y sostenible para el país y el bienestar de los trabajadores.

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Una Paz que pende de un hilo

En cuidados intensivos se encuentra la denominada “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. Y no es para menos, después de las recientes acciones de los grupos armados contra la Fuerza Pública y la población civil, son absolutamente cuestionables los avances de las actuales conversaciones de paz. Superar este momento crítico es uno de los más grandes retos del Gobierno Nacional. La guerra arrasó con lo mejor de Colombia en más de medio siglo y con ella se fueron gran parte de nuestros hombres, mujeres, adolescentes y niños. Las pérdidas económicas suman miles de millones de dólares. El atraso como consecuencia de la guerra es evidente y el dolor que deja mucho más. Intentamos ganar la guerra. En esa dirección hubo resultados positivos, pero todavía falta mucho camino por recorrer. La indignación y rechazo nacional que causó el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista guajiro Luis Díaz, perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional ELN, regresó la atención al flagelo del secuestro, que nunca se ha detenido en el país, y se convirtió en un nuevo quiebre, que evidencia los incumplimientos al Derecho Internacional Humanitario del grupo que lidera Antonio García, quien ha criticado vehementemente el proceso de paz. Según el Ministerio de Defensa, son más de 30 personas las secuestradas por el ELN en lo corrido del año. ¿Y así quieren que se acceda a sus pretensiones? El terror que diariamente viven habitantes en el Cauca, por las disputas entre grupos, convoca una redirección en el proceso para que verdaderamente se logre la negociación o el sometimiento de los principales grupos armados ilegales y bandas criminales. Los agentes del conflicto deben comprometerse a no seguir agitando las aguas para no volverlas turbulentas. El tema que concentra la atención del país es el inicio del quinto ciclo de conversaciones con el ELN, el próximo 30 de noviembre en México, que se espera le dé un giro a las negociaciones. La llegada del nuevo alto comisionado para la paz, Otty Patiño, a la mesa promete enderezar el rumbo de las negociaciones, y aguardamos que así sea. Sin embargo, además de la convicción de la paz para transformar el destino de los colombianos en medio de la convivencia armónica, la erradicación de la pobreza, la generación de equidad y aporte a la justicia social, que ha tenido en firme el actual Gobierno de Gustavo Petro y quienes hemos apoyado desde siempre esta búsqueda, necesitamos muestras de voluntad real por parte de los grupos. Urge restituir la confianza de los colombianos en el proceso. Esto solo se dará en la medida que el ELN cese las hostilidades contra la población civil, libere secuestrados, y detenga la violación de los derechos humanos en los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca, así como en Nariño y Chocó, donde las comunidades sufren el azote de la violencia. Los colombianos demandamos muestras y acciones humanitarias que confirmen el compromiso de las partes con la “Paz total”. Tenemos un proceso desteñido, que sin manifestaciones de voluntad se encuentra destinado al fracaso.

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Protección y garantías a los menores

Cada día que pasa, se agudiza la desoladora realidad de miles de niñas, niños y adolescentes en Colombia que se encuentran en un entorno marcado por la pobreza y la persistencia de la violencia en diversas formas. Como sociedad tenemos el enorme desafío de cambiar el rumbo de las nuevas generaciones, brindándoles condiciones de seguridad y protección. Un país donde cada niño y niña pueda crecer sin temor, con dignidad y plenitud.

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No votare a favor de proyecto de impuesto predial

Continúa la discusión en el país por el proyecto del Impuesto Predial Unificado (IPU), radicado la semana pasada en el Congreso de la República, por los ministerios de Hacienda y de Agricultura, bajo la premisa de ponerle techo al incremento del IPU, pero que en la práctica se traduce en otro aumento propuesto por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

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Claridad con los peajes

Más sombras que luces ha dejado el proyecto de decreto que el Ministerio de Transporte publicó con el propósito de incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Debido su ambigüedad, el texto ha suscitado un ambiente de preocupación, tanto en los sectores que respaldan la medida y como en los que no, con muchos interrogantes que no hallan respuestas.

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