Se repite el tema. Nuevas alertas sobre el riesgo en la producción y el abastecimiento energético en Colombia suenan y: ¿Cuál será la respuesta del Gobierno? ¿Hacerse oídos sordos? Como lo ha hecho todo este tiempo, con una “política energética” guiada por cantos de sirena que poco a poco nos está conduciendo al despeñadero. Ojalá que no. Los riesgos y el costo para los colombianos serán muy altos si se continúan ignorando las alarmas que se encuentran encendidas en medio de la crisis del sector.
En esta oportunidad, la Contraloría General de la República volvió a insistir en el riesgo al que estamos expuestos por la ausencia de nuevos proyectos y el no pago de deudas acumuladas a los prestadores del servicio. Dos problemas que el gobierno no ha tenido voluntad de solucionar. Con su insistencia de prescindir de los hidrocarburos, sin sopesar cuidadosamente los riesgos económicos y de seguridad energética, se están dando palos de ciego.
El caldo de cultivo que alimenta la actual crisis se compone principalmente por las abultadas deudas que acumula el Gobierno con las empresas comercializadoras por subsidios a estratos 1, 2 y 3; opción tarifaria y el consumo de los servicios energía y gas de entidades públicas; montos que en su totalidad sobrepasan los $7 billones. Aunque hace unos días realizaron un abono de $200.000 millones a los subsidios, resultó un monto paupérrimo que apenas cubre 7,4hidroca% de la deuda total.
Razones de sobra tiene el órgano de control fiscal para advertir, lo que venimos diciendo tiempo atrás, acerca del grave riesgo que para el patrimonio del Estado, las empresas de servicios públicos, los usuarios y la soberanía energética, supone este cúmulo de deudas a los prestadores del servicio. Lo preocupante es que esta situación es solo la punta de un iceberg, que debajo acumula profundos problemas y un futuro energético lleno de incertidumbre.
Con la demanda de energía en aumento, el año pasado fue de 82.084,9 GWh, un 2,3% en comparación con 2023, la resistencia del Gobierno a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, las dificultades de los proyectos renovables, una Creg que no cumple su función, los efectos del cambio climático y una política empantanada, estamos abocados a perder nuestra autosuficiencia.
Es preciso que el ejecutivo realice la totalidad de los pagos que se encuentran pendientes, también que active estrategias para equilibrar la transición de los ingresos provenientes de combustibles fósiles a través de una política nacional de abastecimiento y suministro de petróleo y gas, enfocada en el aumento significativo en el nivel de las reservas y las inversiones en proyectos de energías renovables.
En manos del Gobierno están las respuestas para calmar las agitadas aguas del sector, que con el saldo de las deudas pendientes tendría el respiro que necesita. Seguir tendiendo mantos dudas sobre el futuro energético del país es una total irresponsabilidad, demandamos respuestas y acciones acertadas que garanticen la sostenibilidad energética en el territorio colombiano.
